El promedio
anual de la superficie sembrada en el último sexenio del
siglo XX esta aproximadamente en el orden de 24,6 y la cosechada
en 21,3 millones de hectáreas respectivamente. Pero la estructura
según especies cultivadas se encuentra profundamente modificada
respecto a las décadas anteriores, predominando hoy aquellas
cuyos productos y subproductos están destinados principalmente
a la exportación, y residualmente a atender la demanda interna
de bienes e insumos.
Así,
por ejemplo, entre los promedios de los períodos 1985/86-1989/90
y 1995/96-2000/2001, la superficie sembrada con girasol pasó
de 2,45 a 3,31 y la de soja lo hizo de 4,24 a 7,41 millones de hectáreas
respectivamente, lo que implicó un aumento de alrededor de
4,03 millones de hectáreas cultivadas con estas oleaginosas.
Por su parte,
entre los promedios de los lapsos mencionados, la superficie cultivada
con cereales pasó de aproximadamente 12,25 a 13,42 millones
de hectáreas (o sea un aumento de 1,17 millones de hectáreas).
En este caso el incremento fue debido al aumento (1,87 millones
de hectáreas) de la superficie cultivada principalmente con
maíz, trigo y arroz, y secundariamente con cebada cervecera
y trigo candeal, observándose fuertes disminuciones (703
mil hectáreas) de las superficies con alpiste, cebada forrajera,
centeno, mijo y sorgo granífero, y en menor magnitud la de
avena debido a la diversificación del uso de este grano.
Lo anterior
implica que la superficie cultivada con oleaginosas y cereales aumentó
globalmente 5,20 millones de hectáreas. De este aumento,
parte corresponde a cambios de uso del suelo (en la región
pampeana principalmente) y a la expansión "hacia afuera"
de la frontera agropecuaria. El aumento de la superficie cultivada
no tuvo un correlativo incremento en la cantidad de explotaciones
agropecuarias, la que entre 1969 y 1988 disminuyó 160.073
unidades, mientras que lo ocurrido desde 1988 a la fecha posibilita
suponer que dicha cantidad estaría en un orden de alrededor
de 240.000 explotaciones.
Por otra parte,
entre 1988 y 1999 las existencias pecuarias (vacunos + ovinos +
caprinos + equinos) pasaron de alrededor de 75 a 66,5 millones de
cabezas respectivamente, liberando una significativa superficie
para otros usos. Como el principal mercado de absorción de
la oferta de carne es el interno, puede explicarse la disminución
del consumo de carne por habitante-año estimada globalmente
en alrededor de 21 kg-año, no compensados en cantidad ni
en calidad por carne aviar (existiendo, por la tecnología
aplicada en su producción, serias dudas respecto a sus efectos
sobre la salud humana) y pescado, entre otras.
En lo que respecta
al consumo de agroquímicos (fungicidas, herbicidas, insecticidas
y otros), excluyendo fertilizantes, entre los años 1989 y
2000 aumentó en cantidad y toxicidad, lo que implica mayor
riesgo de contaminación con sus previsibles efectos sobre
la salud humana debido a la ingesta de alimentos y/o de agua, así
como por contacto, aspiración, etc., en el momento de aplicación
de pesticidas o mientras permanece en la vegetación o en
los suelos tratados. El aumento de riesgo para la salud humana es
debido al uso de un mayor número de principios activos (al
año 2000, 31) calificados por la OMS como altamente y extremadamente
peligrosos, muchos de ellos importados y de uso prohibido en sus
países de origen.
También,
para una evaluación de las externalidades negativas generadas
por el modelo agropecuario vigente, es necesario recordar la evolución
de la fuerza de trabajo ocupada en el sector agropecuario nacional,
al igual que la evolución de la población rural. En
1988 del INDEC censó 1.032.215 personas que trabajan en forma
permanente en las explotaciones agropecuarias, incluyendo los titulares
de alguna forma de tenencia, sus familiares y no familiares, estimándose
que dicha cantidad se incrementaría en alrededor de un 10%
si se le agregaran las personas censadas en explotaciones sin límites
definidos.
Cabe señalar
que en el año 1908 trabajaban en las explotaciones agropecuarias,
con límites definidos, aproximadamente 2,3 millones de personas;
en el año 1937 lo hacían alrededor de 2,0 millones
y en 1969 poco más de 1,8 millones. Por su parte, la Población
Rural censada en el año 1960 totalizó aproximadamente
5,25; en 1970 alrededor de 4,91, en 1980 poco más de 4,75
y en 1991 prácticamente 4,18, millones de personas respectivamente.
Pero también
con fines de la evaluación final del actual modelo agropecuario,
cabe recordar que uno de los principales argumentos usados por los
"modernizadores" de la actividad, es el del aumento de
la producción y los sucesivos "records" de su volumen
total. Para ello apelan a comparaciones entre las toneladas de granos
y cereales obtenidas actualmente, con las cosechadas en períodos
anteriores, o sea entre resultados de estructuras de producción
muy diferentes entre sí, sin tener en cuenta sus reales resultados.
O sea, los "modernizadores" no tienen en cuenta que en
el anterior modelo de producción agropecuaria tenía
mucha importancia el uso, de una parte significativa de la superficie
sembrada, en la alimentación animal (pastoreo directo), por
lo que en dicha superficie la cosecha de cereales era complementaria
de la producción de carne.
Con el actual
modelo de producción agropecuaria, se estima que unos 2.000
"hombres de negocios" controlan en promedio alrededor
de 10.000 hectáreas cada uno (entre propias, arrendadas,
u otras formas de tenencia), o sea unas 20 millones de hectáreas
(80% de la superficie cultivada) .
Si además
de lo ya explicitado se tiene en cuenta la disponibilidad de superficie
apta para la actividad agropecuaria, así como la de agua
para riego (actualmente muy subutilizada y en muchos casos con concesiones
concentradas) y la superficie en bosques nativos con una oferta
de múltiples productos "ignorados por el mercado",
resulta fácil inferir la responsabilidad del modelo agropecuario
vigente en una parte significativa de la desocupación estructural,
la que a la vez es responsable del Hambre que padece una porción
significativa de argentinos, tanto de los expulsados del sector,
como de sus hijos.
Pero además
resulta clara su responsabilidad en la desaparición total
o parcial de pueblos rurales y d tores de la migración rural,
a la desestructuración y la mayor vulnerabilidad familiar,
entre muchos otros de tales efectos.
Síntesis
de la Propuesta
Objetivos de
Mínima
1. Elevar la calidad de vida de la población rural, tanto
la localizada en las explotaciones agropecuarias como en los Pueblos
concentradores de la oferta de servicios al sector.
2. La plena vigencia de la Constitución Nacional y por lo
tanto la modificación de la legislación y normativa
vigentes, en general, para adecuarla a ella.
3. Generar las condiciones requeridas para asegurar el desarrollo
sustentable o sostenible en el sector, entendido éste como
un estilo de desarrollo que orienta el uso de los recursos para
la satisfacción de las necesidades de la población,
como forma de elevar la calidad de vida de la actual y de las futuras
generaciones, a través de la utilización integral
de los recursos a largo plazo, maximizando la producción,
el aprovechamiento y el uso integral y minimizando la degradación,
el desaprovechamiento y el uso parcial de los mismos, aplicando
tecnologías adecuadas y con la activa participación
de la población en las decisiones fundamentales.
Para alcanzar
tales objetivos mínimos, se considera necesario lo siguiente:
• Reestructuración de la SAGPyA, para adecuarla al
papel que debe cumplir como parte del Estado Nacional en la regulación
y control de las actividades desarrolladas en el sector. Como parte
de dicha reestructuración, respecto a los componentes de
la Secretaría debe modificarse el funcionamiento autónomo
en unos casos y/o autárquico en otros, con el objetivo de
lograr una mayor eficacia y eficiencia en sus actividades, entre
las cuales tienen un lugar importante:
- la elaboración de políticas activas y de propuestas
de leyes al Congreso de la Nación, a las Legislaturas Provinciales
y a los órganos Municipales, en los casos que corresponda;
- la jerarquización de la intervención de la SAGPyA
en las actividades de la Subsecretaría de Alimentación
y Mercados, agregándole las funciones concernientes a la
elaboración, implementación y control de la agroindustria,
con énfasis en el fomento y desarrollo de la agroindustria
de menor tamaño, destinada a agregar valor a la producción
de pequeños productores nucleados en unidades asociativas
agroindustriales;
- la recreación del IFONA, con incumbencias tanto respecto
al bosque nativo como al implantado y la recuperación del
espíritu de la Ley Nº13.273, en especial en lo concerniente
al manejo sostenible de la producción y aprovechamiento de
los múltiples productos del bosque nativo, privilegiando
la reforestación con especies nativas;
- el fortalecimiento institucional para el eficiente ejercicio del
poder de policía conferido por las leyes, que no debe ser
delegado a instituciones del sector Privado;
- la investigación de temas estratégicos, que tampoco
debe ser delegada al sector Privado;
- lo anterior implica, entre otros aspectos, la recreación
de una Dirección Nacional o de un Instituto responsable de
la investigación, multiplicación, control, y de todas
las actividades relacionadas con las normas técnicas y de
calidad de las semillas, incluyendo lo concerniente a las creaciones
fitogenéticas y biotecnológicas, ya que se trata de
un tema estratégico para el Estado Nacional;
- la incorporación, en la elaboración de sus políticas
y actividades, de la dimensión ambiental en general y del
cambio climático en particular. Entre otros beneficios, ello
le posibilitará, por ejemplo, tratar el problema de las inundaciones
usando criterios de manejo integral del agua;
- la implementación de la comunicación y extensión
social, con mayor énfasis hacia los sectores de productores
más vulnerables en particular, y de pequeños y medianos
en general;
- la activa promoción, fomento y participación, con
otros Organismos/Instituciones del sector Público, en la
implementación del retorno a las actividades agropecuarias
de productores, o de sus hijos (que fueron "expulsados"
del sector en la segunda mitad del siglo XX por la aplicación
de incorrectas políticas), diseñando e impulsando
la creación de nuevas formas asociativas que posibiliten
adecuadas economías de escala. Esta política integral
implicaría la necesaria reparación histórica
a los expulsados de sus pequeñas y aún de medianas
unidades de producción. Una política semejante debería
ser aplicada para la instalación de nuevos productores agropecuarios
(véase propuesta: Movilizar la Fuerza de Trabajo);
- la activa promoción, fomento y participación a través
de la asistencia técnica, la comunicación y la extensión,
al desarrollo de la agricultura orgánica, incluyendo otras
actividades productivas asociadas tanto a la agricultura como al
manejo sustentable de los bosques nativos para aprovechamiento de
los múltiples productos generados en ellos, incluyendo la
miel, los hongos, plantas medicinales, tintoreas, etc.;
- la creación de Juntas de productos estratégicos,
en el marco del régimen federal (Juntas Nacional, Regionales,
Provinciales), que posibiliten un adecuado reordenamiento y control
en los circuitos de los productos, incluyendo exportación
- importación, con el objetivo de que los ingresos generados
por la actividad beneficien a los productores;
- la implementación, en conjunto con otros Organismos/Instituciones
del sector Público, nacional, provinciales y municipales,
de políticas integrales activas para concretar la debida
reparación histórica a las hoy minorías Aborígenes;
- impulsar un cambio sustancial en la tributación del sector,
consolidando la diversidad de impuestos en un Unico Impuesto a la
tierra, bajo criterios progresivos en función de la superficie
y localización. A la par, la tributación deberá
constituir un instrumento para incentivar el cumplimiento de programas
de producción y de solidaridad social. Entre los de solidaridad
social debería incluirse la participación de la mano
de obra asalariada permanente y transitoria en los beneficios resultantes
de la producción, así como en la cogestión
empresaria y en otras formas de participación en la gestión
integral de la actividad;
- impulsar el establecimiento de un sistema de seguridad social
integral para los productores, incluyendo sus familias, así
como para los asalariados permanentes y transitorios y sus familias,
que los asegure obligatoriamente contra todo riesgo y accidentes,
incluyendo desocupaciones debidas a desastres naturales (inundaciones,
granizo, incendios, etc.;
- promover, apoyar y fomentar la agremiación real de los
productores y la de los trabajadores involucrados en las actividades
de la producción agropecuaria, a fin de posibilitar la activa
y plena participación de éstos en la política
sectorial y en la implementación de ella; incluyendo la organización
con fines de comercialización en el mercado interno (incluyendo
mercados informales) y externo;
- implementar una política de ciencia y tecnología
que se corresponda con los cambios que se postulan para el sector,
superando el actual nivel de conducta imitativa de lo que se desarrolla
en países considerados avanzados, que generalmente implican
altos subsidios energéticos con degradación de los
recursos naturales y expulsión de grandes contingentes de
mano de obra;
- promover una política que de respuesta definitivamente
a los problemas generados por la deuda, con el sistema bancario
nacional, a los productores que operan en predios de menos de trescientas
hectáreas en la Región Pampeana, o de superficies
equivalentes en el resto del País;
• Promover, apoyar y fomentar la reactivación y la
instalación de plantas agroindustriales en el interior del
País. Existen plantas cerradas que podrían servir
de instrumentos para la creación de unidades de producción
integradas verticalmente, en las que estén asociados los
productores de materia prima, el personal que opera las plantas,
y centros comerciales para la venta de los productos. La mayoría
de las plantas industriales cerradas son prácticamente de
propiedad de los Estados nacional y provinciales. Esta política
posibilitaría disminuir las migraciones hacia centros urbanos
en búsqueda de oportunidades de trabajo;
• Promover, apoyar y fomentar la exportación de productos
agropecuarios con adecuados niveles exigibles de valor agregado;
• Promover, apoyar y fomentar el consumo interno de productos
agropecuarios a nivel de los sectores de menores ingresos, con creación
de mercados cooperativos específicos que posibiliten disminuir
los precios, tanto a través de marcas especiales como por
reducción de la carga impositiva y el otorgamiento de créditos
cuyas tasas de interés sean adecuadas a la actividad. El
incremento de la recaudación impositiva debe ser el resultado
de una adecuada fiscalización, lo que implica aumentar la
cantidad de inspectores de la AFIP y el establecimiento de Tribunales
del Fuero Fiscal de emergencias;
• Promover, apoyar, fomentar e implementar en caso necesario,
programas de capacitación de los productores, tendientes
a que éstos maximicen los beneficios que posibilitan obtener
la implementación de las políticas enunciadas en la
mayoría de los puntos anteriores, con especial énfasis
respecto a los productores que se reinsertan en el sector y a los
nuevos productores, incluyendo los beneficiarios de las políticas
tendientes al manejo de los bosques nativos para el aprovechamiento
de la múltiple oferta producida en éstos (véase
la propuesta: Movilizar la Fuerza de Trabajo: Una Vuelta al Campo),
incluyendo las actividades agroindustriales, tanto las concernientes
a la producción de alimentos como de insumos para la producción
de medicinas, artesanías, etc.;
• Establecer políticas eficaces y eficientes para el
control de las evasiones impositivas en la comercialización
de existencias pecuarias. El instrumento a utilizar en el control
puede, a la vez, ser un instrumento eficaz y eficiente en la lucha
contra el abigeato de aquellas (véase la propuesta: Libro
Ganadero).
Si bien la propuesta de políticas mínimas arriba enunciadas
constituyen definiciones precisas, cabe señalar que ellas
no agotan las necesarias de implementar para transformar la actual
orientación del Estado en materia agropecuaria y forestal.
Pero sí, sobre la base de aquellas es indudablemente factible
el diseño y la implementación de una estrategia de
crecimiento y desarrollo agropecuario y forestal sustentable, sin
dudas alternativa de la actual, con significativos efectos sobre
la calidad de vida de la población rural, incrementada por
"Una Vuelta al Campo" de los expulsados del sector y de
nuevos productores incorporados a él.e sus poblaciones, que
brindaban servicios a los predios agropecuarios, junto a los cuales
desaparecieron además las pequeñas granjas de producción
integral que abastecían parte de los requerimientos alimentarios
de la población de dichos pueblos rurales.
Y la responsabilidad
sobre los efectos negativos del modelo vigente puede también
extenderse a los procesos de degradación ambiental, a la
disminución de la calidad biológica de los productos
agropecuarios; a la mayor presión y a sus consecuencias sobre
los servicios urbanos de los centros humanos recep
