El país ha producido siempre en función del beneficio, sin disciplinar cabalmente su producción en función de las necesidades esenciales de la población.
Es indudable que se perdió tiempo y que los recursos no fueron convenientemente utilizados.
Sin embargo, en la actualidad tenemos un ingreso por habitante razonablemente elevado y, además, el país se está industrializando aceleradamente. Esta realidad me permite afirmar que no somos un país subdesarrollado.
La distribución del ingreso familiar no es aún la más adecuada y mucho debe hacerse para vigorizarla. En realidad, hacia 1955, se había llegado a un nivel en la distribución y en la participación del salario en el ingreso nacional, que satisfacía las necesidades de la población.
Desde allí las soluciones económicas siguieron a las soluciones políticas y la participación del salario en el ingreso disminuyó.
Es imposible mantener una distribución socialmente aceptable si las decisiones económicas no acompañan a la política social que se desea imponer. Cuando las decisiones económicas siguen un patrón inadecuado, la distribución del ingreso queda subordinada al mismo, más allá de los buenos deseos de cualquier gobierno. En consecuencia, lo que llamamos "Justicia Social" también requiere para su materialización efectiva participación del gobierno y elevada eficiencia del mismo.
Se produjo, por otra parte, un decisivo retroceso en el terreno de las decisiones económicas. Hasta 1943, con industrialización incipiente, dichas decisiones estaban adaptadas a los intereses del campo. Buscamos establecer un sano equilibrio para promover la industrialización y una organización del poder de decisión para nuestro sector industrial. En 1955 no se había alcanzado a afirmar la existencia de un empresariado industrial argentino como factor contribuyente al desarrollo nacional, pero se estaba en el camino. Desde entonces la industria creció con alto apoyo externo, pero el capital extranjero se concentró, en gran medida, en el aporte tecnológico y también en la compra de empresas existentes en el país.
Debemos tener en claro que lo esencial con respecto a los objetivos debe perseguir una actividad radicada en el país, es que éstos deberán atender tanto al aporte de la economía nacional como el beneficio del empresario. Esto debe definir una conducta coherente respecto de los intereses nacionales y los del empresariado.
Pero si se trata de obtener tantos beneficios como sea posible, consolidando intereses que están en el exterior, los aportes a la economía nacional se alejarán considerablemente de lo que resulta conveniente para el país.
En esta materia no basta con lograr soluciones apresuradas para las grandes cuestiones, pensando que todo lo demás ha de resolverse por sí solo. No basta tampoco con elaborar soluciones a medidas, tomando decisiones sobre la inversión externa sin establecer claramente la actividad en la cual han de insertarse. Hay que establecer políticas diferenciales, en todos los campos, y fijar con precisión suficiente la forma de preservar los objetivos nacionales.
También se comprueba que no hubo una conciencia adecuada sobre la utilización de los recursos financieros del país, por cuanto no se alcanzó a determinar con claridad si la masa de capital interno disponible posibilitaba el desarrollo y la expansión, o si era necesaria su incrementación con el aporte de capital extranjero para alcanzar tales objetivos.
Igualmente, es necesario tener en cuenta que no existe similitud entre concentración de capital y concentración empresaria. Eso debe conducirse armoniosamente de acuerdo con las reales necesidades nacionales.
Analizando el proceso, se ve -en otro tipo de problemas- que cuando una sociedad incrementa el grado de sofisticación del consumo, aumenta a la vez su nivel de dependencia. Esto es, en gran medida, lo que ocurrió entre nosotros.
Por un lado, el ciudadano se ve forzado a pagar por la tecnología de lo banal; por otro, el país gasta en divisas en un consumo innecesario.
Pero a la vez, es impostergable expandir el consumo esencial de las familias de menor ingreso, atendiendo sus necesidades con sentido social y sin formas superfluas. Esta es la verdadera base que integra la demanda nacional, la cual es motor esencial del desarrollo económico.
El proceso económico ha mostrado, además, que el país acumula más ahorro del que usa. En otras palabras, que lo que gana con sus exportaciones, excede a lo que necesita gastar a través de sus importaciones y otros conceptos. No obstante ello, tal posibilidad fue insuficientemente explotada, ya que a la par de incrementar la deuda pública no se logró el desarrollo nacional requerido por el país.
Tuvimos todo tipo de experiencias en este sentido y ahora, entre otras cosas, sabemos combatir establemente un mal como la inflación, y ello se consigue sólo cuando hay capacidad política para usar el remedio natural dado por una política de precios e ingresos.
Es evidente que las "recetas" internacionales que nos han sugerido bajar la demanda para detener la inflación, no condujeron sino a frenar el proceso y a mantener y aumentar la inflación.
En esta cuestión no se acertaba con la solución adecuada. Por épocas se bajó la demanda pública a través de la contención del gasto -olvidando el sentido social del gasto público- ; se bajó la demanda de las empresas a través de la restricción del crédito -olvidando también el papel generador de empleo que desempeña la expansión de las empresas-; y se bajó la demanda de los trabajadores a través de la baja del salario real.
Pero como al mismo tiempo no se adoptaban las medidas para que todos participaran en el sacrificio, en definitiva fueron las espaldas de los trabajadores las que soportaron el peso de estas políticas de represión de demanda para combatir la inflación que el país aceptó, y que repitió aunque su ineptitud quedó bien probada por la propia historia.
Es ésta una experiencia muy importante derivada de nuestro proceso; y puesto que necesitamos evitar la inflación para seguir adelante con auténtica efectividad, debemos tenerla permanentemente en cuenta.
Por otra parte, se puede ver que hubo una insuficiente utilización de recursos, especialmente del recurso humano que ha sido deficientemente incorporado en los últimos lustros, de acuerdo con la evidencia surgida de las tasas de desempleo. Lo mismo aconteció con el recurso formidable que significa el capital intelectual, científico y técnico nacional, emigrando por falta de oportunidades de trabajo en el país.
A esto se llegó por carecerse de planificación, ya que cuando se planifica adecuadamente, pude lograrse una utilización total de los recursos disponibles.

Para que la planificación sea efectiva no bastan los planes de mediano o largo plazo. Las decisiones concretas de política económica requieren también planes de corto plazo, que deben ser los reales propulsores de la actividad. Es a través de ellos que la coyuntura puede ser manejada en función de su verdadero valor de instrumento para conducir la economía en el mediano y largo plazo.

Realizada la planificación en tales términos, es posible actuar realmente con la eficiencia necesaria para lograr la mayor parte de la expansión física que el país debe producir año a año.

En gran medida, en los últimos lustros nos hemos manejado con nombres y no con programas; y - salvo en algunos períodos que deben ser rescatados por la seriedad de conducción - la política que resultó, ha sido de neto corte liberal.
La conducción en el campo económico está en excelentes condiciones para alcanzar sus objetivos, cuando su contexto aparece definido en programas de acción claramente concebidos.
En última instancia, la experiencia de lo que hace a la planificación en este campo es también definitiva; el gobierno en lo económico no tiene otra forma de conducirse. La planificación es consecuencia necesaria de la organización, e instrumento para la conducción concreta.