Estas notas procuran iniciar el llenado del vacío dejado por los historiadores de los sucesos ocurridos en el País en el segundo quinquenio de los años 50 y en las dos décadas siguientes. Vacío que se refiere a la confrontación entre dos Proyectos de Nación absolútamente diferentes: uno, el del mantenimiento y avance de los privilegios autoadjudicados por los “dueños” de la Nación; otro, expresado en las Banderas Históricas de Soberanía Nacional, Independencia Económica y Justicia Social.

Luego del genocidio perpetrado en los años 70 y con menor intensidad en los quince años anteriores, así como en los primeros años de la década de los 80, los historiadores centraron sus descripciones, prácticamente de manera exclusiva, en los hechos de violencia que los intelectuales del genocidio intentaron describir como una guerra civil, mientras otros “confundidos” la titularon como una lucha entre “dos demonios”. Por su parte, intelectuales que participaron en las confrontaciones cayeron en la trampa de discutir describiendo hechos de heroismo, que los hubo y muchos, dejando a un lado la difusión de las causas que motivaron a los genocidas a aplicar aquello de que “la letra con sangre entra” (Américo Ghioldi, socialista democrático director del periódico La Vanguardia, de triste historia).

Y las causas que llevaron a la elaboración de un Proyecto Nacional, en un largo proceso participativo de organizaciones sindicales e intelectuales comprometidos con la esencia de las Banderas Históricas ya mencionadas, se encuentran aún presentes y agudizadas, pero claro está, sin la presencia de los militantes de las décadas de los 50, 60, 70 y parte de los 80, algunos porque no sobrevieron al genocidio, otros porque no consiguieron superar las heridas de todo tipo ocasionadas por las “desapariciones”, los exilios, y la hipocrecía generalizada que fue instalada en la sociedad argentina a partir de los años 80 al presente, respecto a la evaluación de los hechos ocurridos en la reciente historia nacional; y finalmente otros, porque decidieron internalizar la ideología de los dominadores y se sumaron a ellos con la práctica de los conversos que necesitan demostrar la mutación que sufrieron.

Por ello, con estas breves notas se pretende dar a conocer, obviamente de manera muy sintética, algunas de las principales causas de la mayoría de los problemas que fueron sistemáticamente instalados a lo largo de la historia nacional y que dieron lugar en diversos momentos de ésta a procesos de resistencia activa cívica, también sistemáticamente interrumpidos mediante violentas represiones, no exentas de genocidios, en los lapsos en los que los generadores de las causas consideraron oportuno para evitar interrupciones en el cumplimiento de sus planes de dominación y enriquecimientos ilícitos.

A continuación se sintetizan las causas del genocidio, es decir, la respuesta de los “dueños” del País a quienes sostuvieron la necesidad de instalar un nuevo Proyecto Nacional, por cuanto lo consideraron fruto de la ideología Comunista, argumento que nuevamente se escuchan para descalificar cualquier intento de modificar el Proyecto de Nación implementado por tales “dueños”.

Comenzaremos por lo más reciente respecto a aquella respuesta de los “dueños” del País y luego agregaremos otros antecedentes que muestran que llegar al momento de las Pautas Programáticas fue el resultado de un largo proceso de elaboración.

LAS PAUTAS PROGRAMATICAS PARA EL GOBIERNO JUSTICIALISTA DE LA RECONSTRUCCION NACIONAL, 1973

Estas Pautas fueron proclamadas el 20 de enero de 1973, por el entonces candidato del FREJULI a la Presidencia de la República, Dr. Héctor J. CÁMPORA. ¿Cuál fue el diagnóstico en que se basó la elaboración de la mayor parte de las Pautas?.

Antes de sintetizar el mencionado diagnóstico, cabe recordar que en la introducción a las Pautas se establecía, sin ambigüedades, que la Liberación Nacional constituía el objetivo fundamental del futuro gobierno. Al efecto, explicitaba:
“La Liberación Nacional presenta para los argentinos dos campos de batalla: uno es el marco interno y las estructuras económico - sociales del privilegio. El otro son los intereses foráneos imperialistas. Uno y otro conforman dos caras de una misma situación: la dependencia.
Las pautas programáticas que desarrollaremos en esta exposición, están dirigidas a eliminar, en lo interno, el privilegio para hacer del pueblo el único beneficiario de sus esfuerzos y, en lo externo, las ataduras que someten los intereses nacionales a los dictados de los centros imperialistas del poder”.

Las causas de la crisis que en ese momento enfrentaba el País estaban al descubierto. Crisis del sistema y resistencia popular, quedan resumidos en la Conclusión de las Pautas:
“Tenemos plena conciencia del estado caótico en que se encuentra inmerso el País.
Sabemos que el régimen llega a estas elecciones, no por propia voluntad, sino obligado por el rechazo del Pueblo y por la crisis a la que ha llevado a la Nación.
Los intereses que en estos 17 años han medrado al servicio de la dependencia, obtuvieron resultados: desnacionalización económica, colonialismo cultural, injusticia social y empobrecimiento general (¿qué deberíamos decir, al respecto, hoy, luego de las últimas décadas de democracia formal?).
Pero no han logrado aquello que constituía su fin supremo: la derrota del espíritu de lucha de nuestro Pueblo”.

Pero el Gobierno Justicialista, votado masivamente por el Pueblo en las elecciones del 11 de marzo de 1973, habría de tener corta vida. Saboteado desde adentro y jaqueado por una poderosa coalición de intereses internos y externos, no pudo o no supo evitar su sustitución, en el poder primero, y en el gobierno a continuación. Hoy, 30 años después, la considerada nueva crisis supera sustancialmente los niveles de las crisis de los últimos 78 años, y cuyo antecedente más cercado fuera denunciado en las Pautas.

Aspectos específicos del diagnóstico

1. Asuntos Económicos
Las Pautas Programáticas fueron redactadas con plena conciencia de que “el Gobierno Justicialista ... recibirá el País con la herencia económica y financiera más dramática de su historia”. Tales fueron los resultados de las dictaduras que se sucedieron a partir del golpe militar del 28 de junio de 1966: Juan Carlos Onganía (28/06/1966 - 08/06/1970); Roberto M. Levingston (13/06/1970 - 25/03/1971); Alejandro Lanusse (26/03/1971 - 25/05/1973).

En la primera etapa de la dictadura iniciada por Onganía, fue designado ministro de economía Jorge Néstor Salimei quien, luego de ejecutar la parte más grosera del programa público de la “revolución Argentina” (racionalización del puerto, cierre de ingenios azucareros en Tucumán privando de trabajo a unos 150 mil trabajadores, racionalización de los ferrocarriles, que de todos modos siguieron dando pérdidas, “expulsión” de arrendatarios y aparceros rurales, etc.), fue sustituido por Adalbert Kriegger Vasena (bajo cuyas “enseñanzas se iniciaron muchos de los que luego fueron funcionarios orgánicos e inclusive algunos de ellos ideólogos de las sucesivas dictaduras, inclusive de la iniciada por Videla y finalizada en 1983), hasta ese entonces gerente-socio-empleado de empresas transnacionales, quien inició un vigoroso proceso de desnacionalización de la economía; congeló salarios para aumentar la tasa de ganancia de las empresas y devalúo la moneda nacional respecto al dólar; beneficiando con ello a la oligarquía y la burguesía terrateniente exportadora, así como a la burguesía industrial asociada tempranamente a empresas transnacionales.

En la segunda etapa fue reemplazado por Aldo Ferrer, intelectual de origen radical intransigente (Frondizi -Alende), que intentó modificar el modelo anterior beneficiando a la burguesía industrial menos vinculada a las empresas transnacionales, organizadas en la Confederación General Económica. Pero su fugaz paso por el ministerio no le permitió siquiera sustituir a los hombres del anterior ministro.

En la tercera etapa, continuando Aldo Ferrer al frente de economía , reemplazado luego por Cayetano Licciardo, tampoco fue revertida la política económica de la dictadura, tanto por convicciones como por el hecho de que Lanusse y su equipo privilegiaron las acciones políticas tendientes a reconstituir el bloque histórico de poder, que posibilitara a la burguesía la elaboración de un modelo hegemónico. Para ello utilizaron el Gran Acuerdo Nacional (GAN), destacándose entre sus objetivos: impedir la derrota del ejército como fuerza social gobernante; legalizar la represión del movimiento popular, e instalar al mismo Lanusse como presidente constitucional. Al GAN el Peronismo le respondió con la Hora del Pueblo; el acuerdo CGE - CGT, y un fuerte impulso de la lucha popular.

La situación económica del País a la finalización de este período era la siguiente:
Una deuda externa superior a los 6.000 millones de dólares
Una inflación que desarticulaba todas las previsiones empresarias;
Un estado de recesión interna, caracterizado por la existencia de más de 1 millón de desocupados y la creciente inercia de la inversión pública y privada que, ante la retracción del mercado de consumo, exhibía también la existencia de un alto grado de desocupación fabril;
Una persistente caída en los niveles de los salarios reales que, sumada al índice de desocupación, disminuía constantemente la participación de los salarios en la distribución del ingreso y agudizaba el incontrolado aumento del costo de vida;
Un record de quebrantos industriales y comerciales;
La vivienda, la salud y la educación convertidas en artículos prácticamente inalcanzables para la mayoría de la población;
Un fuerte proceso de desnacionalización económico - financiera de sectores claves del quehacer nacional.

Frente a ello, el Programa del Peronismo puso de manifiesto la decisión de revertir el proceso:
Transformando al Estado en el principal agente en el proceso de acumulación;
Eliminando o disminuyendo la incidencia de la oligarquía y la burguesía terrateniente exportadora:
Desarrollando una industria de capital nacional;
Abriendo el comercio exterior a países considerados “enemigos” por las dictaduras;
Acordando un pacto social entre Obreros y Empresarios.

Para ello, las principales líneas de acción propuestas en las Pautas fueron las siguientes:
Impulsar un acelerado desarrollo económico, armónico y sostenido, como base para elevar el nivel de vida de la población;
Utilizar el sistema financiero como instrumento de control y orientación destinado a promover un vasto plan de justicia social;
Proceder a una revisión total de todo el sistema impositivo y de recaudación para evitar que sea utilizado como medio de distribución del ingreso a favor de los monopolios y los sectores exportadores y en detrimento de los asalariados, del empresariado nacional y de los auténticos productores agrarios;
Orientar el gasto público, prestando especial atención a la inversión de carácter social;
Nacionalizar el comercio exterior para sustraerlo del control de los grandes monopolios transnacionales que son quienes manejan en realidad las supuestas leyes de la oferta y la demanda del mercado internacional;
Controlar la deuda externa tanto pública como privada, no admitiendo ataduras ni presiones contrarias al interés nacional por los créditos exteriores que reciba;
Plantear una Reforma Agraria Integral mediante la transformación del sistema de tenencia de la tierra, la reorientación de la política de colonización en tierras fiscales, la difusión del cooperativismo en todas sus formas, y el fomento de unidades comunitarias de trabajo rural;
Llevar a cabo una cooperativización integral de la comercialización, eliminando los monopolios intermediarios, mediante la acción mancomunada de los productores y el Estado;
Promover una política industrial que revierta la extranjerización de las empresas, llevando al Estado a hacerse cargo de aquellas actividades cuyo manejo implica un poder monopólico o decisiones de carácter estratégico;
Poner en vigencia el artículo 40 de la Constitución de 1949 por el cual todas las fuentes naturales de energía son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación;
Aplicar desde el Gobierno todas la experiencias de socialización de la economía que sirvan para elevar la condición humana -en la medida que respeten las aspiraciones del hombre argentino- eliminando la alienación del trabajador mediante su efectiva participación en el poder que se deriva de la propiedad de los medios de producción

1.1. La situación económica al finalizar el año 1964 :
La deuda externa pública y privada y el Balance de Pagos. Hacia fines de 1964 los compromisos alcanzaban a 3.780 millones de dólares, o sea una deuda “per cápita” de 171 dólares, mientras que en 1955 era de alrededor de 28 dólares. Los servicios amortizables e intereses de la deuda requerían alrededor de 35% del producto de las exportaciones anuales, conduciendo al País a una mayor situación de dependencia respecto a los acreedores externos.
Tenencia de oro y divisas. Alcanzaban hacia fines del año 1964 a unos 200 millones de dólares, con tendencia al deterioro, siendo previsible que el País ingresara a una situación de cesación de pagos, mientras que a fines de 1955 las tenencias de oro y divisas totalizaban alrededor de 510 millones de dólares.
La pérdida del poder adquisitivo de la Población. A diciembre de 1964 la pérdida del poder adquisitivo del salario real ascendió a 17,7% respecto al nivel estimado para el año 1956Durante el lapso 1956-64 las pérdidas para el trabajador oscilaron entre 9,7% y 25,9%, siempre en términos de salario real, mientras que la productividad del obrero industrial aumentó 66% en el mismo lapso..

2. Seguridad Social
2.1. Vivienda. Al momento de enunciarse las Pautas Programáticas, la situación de desatención del déficit de viviendas quedaba de manifiesto en la magnitud del mismo, estimado en poco más de 1,5 millones de viviendas en el medio urbano y alrededor de 0,6 millones en el medio rural. Además, sólo alrededor de 60% de la población era abastecida con agua corriente y el 30% estaba conectado a la red de cloacas.
En la Argentina ocurrió a partir del año 1930 y muy especialmente desde 1936 un proceso de inmigración rural - urbana que aumentó aceleradamente la población de un conjunto de ciudades, pero muy especialmente la de la Capital Federal que creció alrededor de 232% en el lapso 1914 - 1960, con aportes principalmente desde las otras provincias de la Región Pampeana y del Litoral, mientras que la del País aumentó 116% en el mismo período. Pero el aumento la población en la Capital Federal y en otras ciudades dio lugar, por interrupción de la implementación de la política habitacional desarrollada en el período 1947-1955, al surgimiento de las denominadas “villas miserias” (construcciones de latas, maderas y cartones). Hacia mediados de los años 60 se estimaba que alrededor de 700.000 personas habitaban en “villas miserias” distribuidas en el territorio de la Nación, 47,5% de ellas distribuidas en unas 120 “villas miserias” localizadas en la provincia de Buenos Aires y 6% en la Capital Federal.
2.2. Salud. Teniendo en cuenta el deterioro del sistema, las Pautas propugnaron un Servicio Nacional de la Salud, un Seguro de la Salud “como medio para fomentar, proteger y recuperar la salud de los argentinos”, y una Ley de Medicamentos que contemplara entre otros aspectos “el régimen de comercialización y expendio”.

OTROS ANTECEDENTES DE LAS PAUTAS PROGRAMATICAS

Los Programas Históricos del Movimiento Obrero Argentino

1. LA FALDA. El golpe del 16 de septiembre de 1955 tuvo respuestas en las movilizaciones de las bases, asambleas en fábricas, huelgas y sabotajes, mientras que los “libertadores” intervinieron a la CGT, asaltaron sindicatos, inhabilitaron miles de dirigentes y encarcelaron otros tantos. El objetivo del golpe era la de implementar el plan Prebisch, favorable a la oligarquía y los monopolios. Se liquidó el IAPI, empresas estatales de DINIE y se derogó por decreto la Constitución de 1949. En los años 1956 y 57 la lucha por la recuperación de los gremios se centró principalmente en los sindicatos industriales. Surgieron nuevos dirigentes, como Andrés Framini, Dante Viel, Natalini, Sebastián Borro y Atilio López, entre otros. La recuperación de sindicatos y delegaciones regionales posibilitaron la creación de la intersindical que el 12 de julio de 1957 lanzó un paro general, acatado en todo el País. La intersindical reunió a 94 gremios, de los cuales desertaron 32 (sindicalismo amarillo), dando lugar al nacimiento de las 62 Organizaciones.
En el mismo año, la dictadura convocó a Constituyente para reformar la Constitución de 1949. El Peronismo proscrito llamó a votar en blanco, siendo acatado por más de dos millones de electores.
En el marco de resistencia obrera y lucha política del Peronismo contra las proscripciones y la entrega, la CGT de Córdoba convocó a un Plenario Nacional de Delegaciones Regionales de la CGT y de las 62 Organizaciones, en la localidad de La Falta, donde aprobó un Programa de Gobierno antioligárquico y antiimperialista, algunos de cuyos puntos fueron los siguientes:

a) Comercio exterior
Control Estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio Estatal
Control de los productores en las operaciones comerciales con un sentido de defensa de la renta nacional
Ampliación y diversificación de los mercados internacionales
Planificación de la comercialización teniendo presente nuestro desarrollo interno
Integración económica con los Pueblos hermanos de América Latina
Política de alto consumo interno; altos salarios, mayor producción para el País con sentido nacional
Desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesidades del País
Incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro
Soluciones de fondo, con sentido nacional a los problemas económicos regionales sobre la base de integrar dichas economías a las reales necesidades del País, superando la actual división entre provincias ricas y provincias pobres
Control centralizado del crédito por parte del Estado, adecuándolo a un plan de desarrollo integral de la economía con vistas a los intereses de los trabajadores
Programa agrario, sintetizado en expropiación del latifundios y extensión del cooperativismo agrario, en procura de que la tierra sea de quien la trabaja
b) Para la Justicia social
· Control obrero de la producción y distribución de la riqueza nacional, mediante la participación efectiva de los trabajadores:
En la elaboración y ejecución del plan económico general, a través de las organizaciones sindicales
Participación en la dirección de las empresas privadas y públicas, asegurando, en cada caso, el sentido social de la riqueza
Control popular de precios
Salario mínimo, vital y móvil
Previsión social integral
Estabilidad absoluta de los trabajadores
c) Para la Soberanía Política
Fortalecimiento del Estado Nacional Popular, tendiente a lograr la destrucción de los sectores oligárquicos antinacionales y sus aliados extranjeros, y teniendo presente que la clase trabajadora es la única fuerza Argentina que representa en sus intereses los anhelos del País mismo
Dirección de la acción hacia un entendimiento integral con las naciones hermanas latinoamericanas
Acción política que reemplace las divisiones artificiales internas, basadas en el federalismo liberal y falso
Solidaridad de la clase trabajadora con las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos
Política internacional independiente

2. HUERTA GRANDE. La gran presión popular y la agudización de la crisis obligaron a la oligarquía a dar por finalizada la etapa encabezada por los dictadores Aramburu - Rojas, convocando a elecciones generales con la participación sólo de los partidos “democráticos” y la absoluta proscripción del Peronismo a cuyos adherentes les quedaba sólo la posibilidad de votar en blanco u optar por el mal menor respecto a los partidos “democráticos”.
El razonamiento de la oligarquía consistía en que el Movimiento Peronista se iría disgregando, lo que daría oportunidad, a los otros partidos, de conseguir el apoyo de dirigentes gremiales a través de persuasión, presión, dádivas y corrupción. Esta política fue seguida por Frondizi - Frigerio, dando lugar al surgimiento de la tendencia “integracionista” en el sindicalismo, encabezada por Eleuterio Cardozo. Luego sería Vandor quién más se adaptaría al nuevo escenario político.
Así, en 1958 los votos Peronistas se dividieron entre los emitidos en blanco y los que apoyaron a Frondizi, debido al compromiso de éste de devolver la CGT y sancionar una ley de asociaciones profesionales que respetara la estructura y principios del sindicalismo nacional, entre otras promesas que fueron rápidamente incumplidas.
Así, ya en enero de 1959 debió enfrentarse a una huelga general de solidaridad con los obreros del frigorífico municipal Lisandro de la Torre (que se oponían a la privatización), lanzada por las 62 Organizaciones. Frondizi respondió poniendo en marcha el tristemente célebre Plan CONINTES que desató una represión masiva contra los Trabajadores, dando inicio a una etapa de violenta lucha contra la represión y el régimen pro-imperialista. La defensa de la Soberanía Nacional y la reconquista de la CGT constituyeron las grandes banderas del movimiento obrero que alcanzó en marco de 1961 la devolución de su central sindical.
En lo político, en el año 1962 el Movimiento Peronista se preparó para enfrentar al régimen dentro de sus propias leyes y armas, librando la batalla electoral para elegir gobernadores y legisladores provinciales. Como resultado de ello, el 18 de marzo, no obstante la defección de dirigentes sindicales como Vandor (Metalúrgico) y de políticos como Iturbe, el Peronismo consiguió un aplastante triunfo en la provincia de Buenos Aires, llevando como candidatos a trabajadores como Andrés Framini (textiles), a Gobernador, Sebastián Borro (Frigorífico Nacional), Jorge Di Pascuale (Farmacia), Roberto García (Caucho) y Eustaquio Tolosa (Portuarios) a diputados nacionales, entre otros. Los “democráticos” respondieron anulando el resultado que expresaba en las urnas la voluntad popular.
Sobreviene el derrocamiento de Frondizi por los militares, poniendo en su lugar al Presidente del Senado, el Dr. Guido, ya que aquellos no se decidían a tomar directamente el gobierno
Se realiza en Huerta Grande (Córdoba) un Plenario Nacional de las 62 Organizaciones, aprobando un Programa que implicó una profundización de los contenidos antioligárquicos del Peronismo, expresados en un discurso de Andrés Framini.

El mencionado Programa expresaba la voluntad y decisión de:
2. Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario Estatal y centralizado
3. Implantar el control Estatal sobre el comercio exterior
4. Nacionalizar los sectores claves de la economía: siderúrgica, electricidad, petróleo y frigoríficos
5. Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales
6. Desconocer los compromisos financieros del país, firmados a espaldas del Pueblo
7. Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción
8. Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación
9. Implantar el control obrero sobre la producción
10. Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales
11. Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la Nación y el Pueblo Argentino, fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de producción.

3. EL PROGRAMA DE LA CGT DE LOS ARGENTINOS. Este Programa constituyó uno de los resultados de la lucha contra la dominación oligárquico-imperialista y fue elaborado en los tiempos de la “dictadura de los monopolios”, como se denominó a la mal llamada “revolución argentina” que encabezó Onganía a partir del golpe del 28 de junio de 1966. En estos tiempos se acentúo el proceso de dependencia ocasionando una brutal etapa de reajuste económico como instrumento que garantizaba la profundización de la política de concentración monopólica. Las economías regionales virtualmente quebradas, los cierres de ingenios azucareros, la crisis de las PYME fueron algunas de las consecuencias de la política económica conducida por Adalbert Krieger Vasena.
Para eliminar oposición a la implementación de su programa, la dictadura disolvió los partidos políticos, eliminó las legislaturas, intervino las organizaciones gremiales y reprimió violentamente la protesta social, cobrando sus primeras víctimas en Córdoba (Santiago Pampillón) y Tucumán (Hilda Guerrero de Molina).
En los últimos meses del año 1967, con el retiro de la personería gremial a varias organizaciones sindicales (portuarios, textiles, ferroviarios, telefónicos) y la amenaza de la creciente desocupación, se posibilita el desarrollo de una intensa gestión negociadora con la dictadura, gestión que es encabezada por la burocracia sindical “vandorista”, pero también por los “participacionistas” que encabezaban Rogelio Coria (UOCRA), Armando March (Comercio) y Loholaberry (Textiles); mientras otros dirigentes y sus sindicatos continuaban con una oposición inflexible al gobierno, conducidos por Peronistas combativos como Amado Olmos (Sanidad) y Raimundo Ongaro (Gráficos), además de nucleamientos independientes.
Al aproximarse la fecha de la reunión del Congreso Normalizador de la CGT, en marzo de 1968, se manifiestan dos posiciones: a) los que buscaban el reconocimiento del gobierno y no admitían la participación de los sindicatos intervenidos por su luchas reivindicativa, y b) los que sostenían que, como la reunión era soberana, no debía ser tenida en cuenta la opinión oficial y se debía permitir el acceso de los sindicatos privados a su personería gremial.
No obstante la oposición realizada por los seguidores de Vandor (UOM) y Alonso (Vestido), así como por el Secretario de Trabajo Rubens San Sebastián, se reunió el Congreso denominado “Amado Olmos”, que designó un nuevo Consejo Directivo encabezado por Raimundo Ongaro (Gráficos), secundado por Julio Guillán (FOETRA) y Ricardo De Luca (Navales), dando origen a la “CGT de los Argentinos”.
En respuesta a ello, Vandor, Alonso y Pomares (Bancarios) convocaron a un Congreso paralelo instando a la participación con el gobierno.
El 1º de mayo de 1968 la CGT de los Argentinos dio a conocer el Programa que se inserta a continuación:
“Los trabajadores de nuestra Patria, compenetrados del mensaje evangélico de que los bienes no son propiedad de los hombres sino que los hombres deben administrarlos para que satisfagan las necesidades comunes, proclamamos la necesidad de remover a fondo aquellas estructuras.
Para ello retomamos pronunciamientos ya históricos de la clase obrera Argentina, a saber:
La propiedad sólo debe existir en función social
Los trabajadores, auténticos creadores del patrimonio nacional, tenemos derecho a intervenir no solo en la producción sino también en la administración de las empresas y en la distribución de los bienes
Los sectores básicos de la economía pertenecen a la Nación. El comercio exterior, los bancos, el petróleo, la electricidad, la siderurgia y los frigoríficos deben ser nacionalizados
Los compromisos financieros firmados a espaldas del pueblo no pueden ser reconocidos
Los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante largos años nos han estado despojando, deben ser expulsados sin compensación de ninguna especie
Sólo una profunda reforma agraria, con las expropiaciones que ella requiera, puede efectivizar el postulado de que la tierra es de quien la trabaja
Los hijos de obreros tienen los mismos derechos a todos los niveles de la educación de que hoy gozan solamente los miembros de las clases privilegiadas”.

El Programa fue acompañado con un mensaje que, en síntesis, expresó lo siguiente:
Durante años nos exigieron sacrificios. Nos aconsejaron ser austeros. Lo fuimos hasta el hambre. Nos pidieron aguantar un invierno. Aguantamos diez.
Un millón y medio de desocupados y subempleados es la consecuencia de la política económica de este gobierno elegido por nadie. La clase obrera vive su hora más amarga. Convenios suprimidos, derecho de huelga anulado, gremios intervenidos, conquistas pisoteadas, personerías suspendidas, salarios congelados.
La mortalidad infantil es cuatro veces mayor que en los países desarrollados y veinte veces mayor en áreas de Jujuy; más de la mitad de la población está parasitada por la Anquilostomiasis en el Litoral Norteño; 40 % de los chicos de Neuquen padecen de bocio; la tuberculosis y el Mal de Chagas causan estragos en numerosas provincias; la deserción escolar en el ciclo primario alcanza al 60%; las puertas de los colegios secundarios están entornadas para los hijos de los trabajadores y definitivamente clausuradas las de la Universidad. La década infame de los años 30 resucita en todo el País con su cortejo de miseria y de ollas populares.
A los desalojos rurales se suma ahora la reaccionaria ley de alquileres, que coloca a decenas de miles de comerciantes y pequeños industriales en situación de desalojo, cese de negocios y aniquilamiento del trabajo de muchos años.
No queda ciudad en la República sin numerosas villas miserias, donde el consumo de agua potable y energía eléctrica es comparable al de las regiones interiores del África. Un millón de personas se apiñan alrededor de Buenos Aires en condiciones infrahumanas, sometidas a un tratamiento de ghetto, y las razzias nocturnas nunca afectan las zonas residenciales donde algunos “correctos” funcionarios ultiman la venta del país y jueces “impecables” exigen coimas millonarias.
Si un destino de grandeza, si la defensa de la patria, si la definitiva liquidación de las estructuras explotadoras fuesen la recompensa inmediata o lejana de nuestros males, ¿qué duda cabe de que los aceptaríamos en silencio?.
Durante el año 1967 se ha completado prácticamente la entrega del patrimonio económico del País a los grandes monopolios norteamericanos y europeos. La empresa que en 1965 alcanzó la cifra más alta de ventas en el país, en 1968 dejó de ser Argentina. Viejas actividades nacionales, como la manufactura de cigarrillos, pasaron en bloque a intereses extranjeros. El método que posibilitó este escandaloso despojo no puede ser más simple. El gobierno, elegido por nadie, rebajó los aranceles de importación, los monopolios aplicaron la ley de la selva, el “dumping”, los fabricantes nacionales se hundieron. Esos mismos monopolios, sirviéndose de bancos extranjeros, ejecutaron luego a los deudores. Este es el verdadero rostro de la libre empresa, de la libre entrega. Este poder de los monopolios que con una mano aniquila a la empresa privada nacional, con la otra amenaza a las empresas del Estado donde la racionalización no es más que el prólogo de la entrega, y anuda los últimos lazos de la dependencia financiera.
Agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestros Derechos, despojados de nuestras conquistas, venimos a alzar, en el punto donde otros las dejaron, las viejas banderas de la lucha.

REFLEXIONES

Por incorrectas aplicaciones, los avances tecnológicos introducidos en el País en el transcurso de los siglos XIX y XX generaron graves efectos negativos, tales, por ejemplo, la agudización de la dependencia político - económica, la desocupación, la pobreza, la disminución de la calidad de vida de la Población, la reaparición de enfermedades que se consideraban erradicadas, la desertificación, la expulsión de población del sector agropecuario en particular y del medio rural en general, la dilapidación de la inversión en infraestructura urbana, de comunicaciones y de servicios en general, la disminución de la calidad biológica de los alimentos por los métodos de producción usados, la erosión de los suelos, la deforestación, las pérdidas de biodiversidad, la agudización de los problemas generados por inundaciones, entre otros problemas estructurales cuyas causas son hoy perfectamente conocidas, aunque no plenamente asumidas en las políticas del Estado Nacional, ni en las de la mayoría de las Provincias. Ello, no obstante que la intensidad con la que se manifiestan y sus consecuencias inmediatas posibilitan inferir que, de no mediar cambios profundos, los beneficios de los avances tecnológicos continuarán alcanzando sólo a una minoría de la población, que disminuye en términos relativos.

En cambio, la envergadura de los mencionados problemas amenaza seriamente los objetivos del desarrollo sustentable y aumenta los riesgos de debilitamiento de la frágil democracia formal con sus obvias y no deseables consecuencias político - sociales.

Por lo explicitado resulta imprescindible realizar un debate que conduzca a la concreción de una propuesta que dé respuestas necesarias para la superación de los problemas estructurales mencionados. Y el debate no puede soslayar el análisis profundo de las causas que, si bien fueron profundizadas con las decisiones de políticas implementadas en las últimas décadas, reconocen su origen en décadas más remotas, en las cuales “la frágil memoria” de los analistas políticos modernos pareciera negarse a penetrar, exceptuando algunos de ellos que no cuentan con difusión.

La investigación documental realizada y el acceso a componentes de la memoria histórica desmiente y cuestiona severamente la idea difundida por los políticos modernizadores y por los medios de comunicación masiva, respecto a que la modernización de la Nación conlleva necesaria e inevitablemente la generación de los problemas sociales arriba mencionados, y que las posibilidades de incorporación de personas al selecto círculo de los que trabajan, están determinados por un individual mejoramiento del nivel de instrucción formal y de capacitación de las mismas.

Como parte de la instalación de la mencionada idea, los medios oficiales y privados de comunicación masiva incrementan gradualmente los anuncios sobre el aumento del número de "beneficiarios" de los subsidios Estatales establecidos para los desocupados y parte de la población de ingresos insuficientes para atender los requerimientos de alimentación de las familias.

Pero asumiendo de manera optimista, o ingenua, que dicho subsidio constituye una solución estructural, si el mismo no abarca la totalidad de la vida útil del subsidiado y su posterior vejez, y si la determinación del monto del subsidio no tiene en cuenta la necesidad de cubrir integralmente los requerimientos de la Familia de cada uno de los subsidiados, se estará condenando también a sus miembros a integrarse a los contingentes de damnificados por el "progreso" de la Nación, ya que no podrán acceder a los mínimos niveles de instrucción formal, salud, vestido, alimentación, etc., que exige dicho "progreso" para ingresar al círculo de beneficiarios del mismo.

Teniendo en cuenta que los desocupados Argentinos con bajo nivel de instrucción formal no tienen un lugar en el mundo que no sea en la Argentina, y como actualmente el nivel del subsidio a la desocupación no cubre el costo de las necesidades básicas de la Familia, entre ellas el mejoramiento del nivel de instrucción formal, la opción por "libre decisión" de los desocupados será, lógicamente, la de no tener familia, algo parecido a un genocidio de futuras generaciones.

En cualquier país de características semejantes a las de la Argentina, el costo ambiental del "progreso" de la Nación se manifestaría agudamente en:
a) Desocupación permanente y creciente para una significativa porción de la Población Económicamente Activa;
b) Disminución sostenida de la tasa de crecimiento de la Población;
c) Aumento de la desnutrición y de las enfermedades de la pobreza (Mal de Chagas, Cólera, "chicas / os, jóvenes y viejas / os de la Calle", incremento de las muertes por abortos realizados en condiciones precarias, así como por olas de frío o de calor, o por desnutrición, entre otros efectos);
d) Aumento, en un lapso de difícil predicción, de la violencia formal generalizada, ya que todo lo anterior implica el ejercicio no reconocido de ella por parte de los beneficiarios del "progreso" de la Nación;
e) Aumento de la deforestación, la desertificación y la erosión, con manifiestas pérdidas de Biodiversidad;
f) Expulsión de productores del medio rural en general y agropecuario en particular;
g) Aumento de los problemas estructurales de las ciudades;

entre otros problemas ya presentes con características agudas en Argentina.

Como una contribución a la recuperación de la memoria histórica respecto a las causas de los problemas que hoy enfrentamos los argentinos, sin entrar en los tiempos de la primera conquista del espacio de la hoy República Argentina, nos referiremos a continuación a algunos hitos de la ocupación más reciente, en las que pueden identificarse algunas de las causas de los actuales problemas estructurales, que podrían encontrar soluciones viables si mediara una decisión política para ello.

La bibliografía más difundida sobre la ocupación del espacio nacional, implícitamente, se refiere a ésta a partir del supuesto de la no existencia de una Población Humana Aborigen previa a la llegada de los Europeos o, en el mejor de los casos, cita la presencia de pequeñas cantidades de "indios" en general "hostiles, incultos y opuestos a toda idea de progreso”.

Si bien no constituye un objetivo de este documento abrir una polémica sobre las causas del genocidio de la Población Aborigen y Criolla, se considera necesario, para posibilitar una comprensión reflexiva modificar dicho supuesto y asumir la historia en toda su magnitud, ya que ello contribuirá a comprender el presente y a formular una propuesta para el futuro inmediato y mediato.

Por otra parte, las decisiones concernientes a las políticas necesarias para la ejecución de una propuesta tendrían como sólido fundamento la historia real de la ocupación del espacio, mientras que sus efectos constituirían un correcto marco de referencia tanto en la elaboración como en la implementación de aquella.

En general, el énfasis de los investigadores estuvo y continúa estando en la ocupación de porciones del espacio Pampeano y de algunas áreas del interior del País, subsistiendo la ausencia de una historia integral que abarque la totalidad del territorio.

Además, quizás por las irregularidades ocurridas en los procesos de privatización de la tierra Pública, cierta parte de la historia fue y es obviada, excepto por escasos investigadores cuyos libros lamentablemente tuvieron y tienen muy escasa difusión.

Entre estos últimos cabe destacar los escritos por Julián S. de Agüero (ministro de Rivadavia), Andrés Lamas, Jacinto Oddone, “Gastón Gori”, Juan Nigro, José María Borrero y Ricardo M. Ortiz, entre otros mencionados en la bibliografía de los documentos de base de esta síntesis.

La distribución de la tierra Pública en la Provincia de Buenos Aires reconoce su origen en el Decreto del 1º de julio de 1822 y en la Ley Agraria o de Enfiteusis sancionada el 18 de mayo del año 1826, ambos bajo la Presidencia de Rivadavia. El Dr. Juan José Paso, en la sesión del Congreso dijo: "Seguramente no es conveniente, menos en nuestra forma de Gobierno que en otra, que haya grandes propietarios y un montón de hombres pobres alrededor, todos en dependencia de aquellos".

En la aplicación de la Ley, el espíritu de los legisladores fue totalmente desvirtuado, ya que la tierra fue adjudicada en grandes fracciones a pocos enfiteutas. Este hecho motivó el dictado de un Decreto Reglamentario (10/05/1827) que en la práctica resultó ineficaz.

La morosidad de los enfiteutas en el pago de los cánones intentó ser corregida por la aplicación de Decretos dictados el 2/11/1832 y el 4/11/1854. El fundamento de este último muestra lo ineficaz de la ley: "Considerando que ha muchos años que los enfiteutas hoy poseedores de tierras Públicas no pagan canon al Gobierno, y esto no obstante que han cobrado y cobran sumas enormes a los subarrendatarios...".

Con el transcurso de los años el resto de la Ley fue también desvirtuado y la tierra Pública pasó a ser propiedad de los enfiteutas mediante Decretos y Leyes. Por ello, hacia fines del año "1867 el Estado Bonaerense no conservaba sino una mínima extensión de tierra".

La especulación con la tenencia de la tierra se extendió más allá del lapso abarcado entre los años citados involucrando en la misma, como damnificado, al Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires (BH) en tanto órgano de aplicación de la Ley de Ejidos del año 1887.

Esta Ley preveía el establecimiento de 220 centros en alrededor de dos millones (2.000.000) de hectáreas parceladas en chacras y vendidas a largo plazo. Los fracasos en la comercialización de los productos generados en dichas parcelas dio lugar al retorno de las tierras al BH y a su posterior remate en grandes extensiones. Una significativa porción de las mismas volvió a sus antiguos adjudicatarios, a precios muy inferiores a los pagados por el BH a éstos.

El proceso de concentración de la tierra en Buenos Aires implicó que hacia fines del siglo XIX, cincuenta (50) propietarios abarcaban alrededor de cuatro millones quinientas mil hectáreas (4,5 millones).

La incorporación del frigorífico y la implementación de planes de países de ultramar estimularon cambios cuantitativos y cualitativos en la producción pecuaria y fue causa de la expansión de la ganadería ovina y bovina en los Territorios del Sur (Patagonia) y del Norte, respectivamente, precedida y / o acompañada con acciones de expulsión, o de aniquilamiento, de los pobladores nativos. En este marco de referencia se inscribe la sanción de la Ley Nº 817 / 1876 de "Colonización e Inmigración" y sus conexas dictadas en los años 1882 y 1891.

Ellas dieron lugar, por ejemplo, a que en el año 1894 se dictara una ley otorgando una concesión unipersonal de un millón (1,0 millón) de hectáreas en Chubut y Santa Cruz, quedando la delimitación de las mismas a cargo del adjudicatario.

La distribución concentrada de tierras en la Patagonia fue de tal envergadura que hacia fines del siglo XIX abarcaba la casi totalidad de la superficie disponible en la Región. Dicho proceso de distribución, no exento de expulsión o exterminio de la Población nativa, como ya se dijo, implicó una significativa disminución de la densidad demográfica, que aún perdura, con fuertes implicancias ambientales por la excesiva densidad de las existencias pecuarias e inadecuado manejo de las mismas, integradas principalmente por una especie exótica que entró protegida a competir por el alimento con las especies herbívoras nativas, cuya población se fue reduciendo. Como puede inferirse, la modernidad cobró víctimas humanas y de la fauna silvestre, continuando luego con la desertificación, la erosión, la pérdida de biodiversidad, entre otros problemas fácilmente visualizados.

En general, el estilo de ocupación del espacio en el resto del País no fue muy diferente al aplicado en Buenos Aires y la Patagonia, si bien entre las Provincias existen diferencias meramente cuantitativas en cuanto a las víctimas de la violencia aplicada como parte de dicho estilo.

Decretos anteriores al año 1853 y Leyes posteriores a la sanción de la Constitución Nacional consolidaron la entrega de tierras a pocos beneficiarios. Además de los efectos de la Enfiteusis de Rivadavia, cabe mencionar por sus efectos negativos la Ley Nº 269 e instrumentos concordantes y conexos, que dieron lugar a la distribución concentrada de las mejores tierras de los denominados Territorios Nacionales, así como al genocidio de su población Nativa.

En virtud de dicha Ley seis (6) empresas fueron beneficiadas con la entrega en propiedad de trece millones doscientas mil hectáreas (13,2 millones) en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

Por similares efectos negativos, cabe destacar la Ley de Colonización Nº 817 del 19/10/1876 que posibilitó la entrega de cinco millones doscientas mil hectáreas (5,2 millones) a ochenta y ocho (88) familias, agregando nueva superficie al circuito de especulación con la tierra.

En relación al desconocimiento del derecho de propiedad que asistía a la población nativa, resulta ilustrativa la Ley del 5/10/1878 que consideraba "libre de indios" el territorio de la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, necesario el desplazamiento de la línea de frontera hasta la margen izquierda de los ríos Negro y Neuquen.

Así, el Art. 1º determinó que el avance de la línea de frontera debía efectuarse "previo sometimiento o desalojo de los indios bárbaros de la Pampa, desde el río Quinto y el Diamante hasta los dos Ríos antes mencionados". El Art. 2º estableció la venta de tierras públicas para implementar el Art.1º. La aplicación de esta Ley implicó transferir ocho millones quinientas mil (8,5 millones) hectáreas a trescientas noventa y una (391) personas en La Pampa, Río Negro y Neuquen.

Leyes posteriores a las citadas siguieron el mismo sendero de adjudicación de extensas superficies a pocos beneficiarios con la obligación de fundar colonias. Y éstos siguieron la conducta de los anteriores beneficiarios, o sea el del no cumplimiento de dicha obligación, sin recibir por ello sanciones por parte del Estado.

En virtud de la Ley del 5/09/1885 los "conquistadores del desierto" recibieron sus premios en tierras, beneficiando desigualmente a quinientas cuarenta y una (541) personas con alrededor de cuatro millones seiscientas mil hectáreas (4,6 millones) distribuidas entre las provincias La Pampa, Río Negro, Neuquen, Chubut y Tierra del Fuego.

La ocupación del Territorio dio lugar a un proceso lento de poblamiento hasta el año 1869 y de mayor significación en las posteriores décadas. El Censo Nacional de Población (CNP) del año 1869 informó poco más de un millón setecientos mil (1,7 millones) habitantes y el del año 1895 algo más de tres millones novecientos mil (3,9 millones) habitantes.

Según el CNP del año 1869, la población rural estaba constituida por un millón ciento treinta y seis mil habitantes (1.136.000), o sea alrededor de 65,4 % de la población total del País, mientras que el CNP del año 1895 informó que el medio rural estaba habitado por dos millones doscientos noventa y cuatro mil (2.294.000) personas, que constituían aproximadamente 58% de la población total del País.

Las escasas oportunidades de acceso a la propiedad de la tierra generó el ingreso de inmigrantes transitorios, así como la radicación en las ciudades de los que optaron por permanecer en el País.

El CNP del año1869 informó un total de ochocientas sesenta mil (860 mil) personas ocupadas y una PEA total de un millón (1,0 millón) de personas, mientras el CNP del año 1895 relevó un millón setecientas mil (1,7 millones) personas ocupadas y una PEA de dos millones quinientas mil (2,5 millones) personas.

En cuanto a los habitantes ocupados en actividades agropecuarias, el CNP del año1869 informó ciento ochenta y ocho mil (188 mil) personas y el del año 1895 trescientas noventa y cuatro mil (394 mil). Dichos totales constituyeron alrededor de 21,9 % y 23,9% de los respectivos totales de la población total ocupada en el País.

En lo que respecta a la tenencia de la tierra, el CNP del año 1895 registró setenta y cinco mil (75 mil) estancieros y ciento setenta y dos mil (172 mil) propiedades agrícolas. De éstas últimas, ciento cuatro mil (104 mil) estaban trabajadas por sus propietarios y sesenta y ocho mil (68 mil) por arrendatarios y medieros. Por lo tanto, de las trescientas noventa y cuatro mil (394 mil) personas censadas en actividades agropecuarias, doscientas cuarenta y siete mil (247 mil) eran titulares de las EAP (explotaciones agropecurias) y ciento cuarenta y siete mil (147 mil) trabajadores permanentes.

A nivel nacional, entre 1895 y 1914 la población total censada creció a una tasa acumulativa anual 3,7 %, pasando de unos cuatro millones (4 millones) a alrededor de siete millones novecientos mil (7,9 millones) habitantes.

Ricardo M. Ortiz destacó que entre los años 1914 y 1920 el País fue de emigración, situación que se revirtió en el lapso 1921-1930, a partir de cuya finalización prácticamente quedó clausurado el proceso sostenido de inmigración (en virtud del Decreto dictado el 8/11/1932 y de los principales efectos de la crisis de los años '30 sobre los sectores productivos) que caracterizó el crecimiento demográfico nacional entre 1857 y 1914.

El CNP del año 1908 informó un total de quinientos setenta y ocho mil (578 mil) obreros ocupados bajo régimen permanente en tareas de la agricultura y setecientos veinticinco mil (725 mil) temporarios, principalmente en tareas de cosecha, de los cuales quinientos veintidos mil (522 mil) eran requeridos en las provincias del Este, mientras que las actividades pecuarias ocupaban seiscientos treinta y cinco mil (635 mil) trabajadores permanentes y trescientos cincuenta y cinco mil (355 mil) temporarios. Por lo tanto, el CNP informó la existencia de dos millones doscientas noventa y tres (2.293.000) personas asalariadas en actividades agropecuarias.

El mismo CNP informó los movimientos interprovinciales de trabajadores temporarios. Así, por ejemplo, de los ciento diez mil (110 mil) trabajadores ocupados en el cultivo de la caña de azúcar en Tucumán, sesenta y seis mil (66 mil) formaban parte de la población rural de otras Provincias y concurrían a Tucumán como mano transitoria. Lo mismo sucedía con la mano de obra transitoria empleada como hacheros en Santiago del Estero y en el Chaco, o en las cosechas de yerba mate en Misiones o de uva en Mendoza y San Juan.

Por otra parte, el CN del año 1914 informó un total de dos millones ciento veintiseis mil (2.126.000) personas en labores agrícolas. De ellas, seiscientos veintiseis mil (626 mil) eran empleados y "peones", mientras que el resto fue censado como familiares de los titulares de las EAP.

Según el CN del año 1914, la población rural estaba constituida por tres millones trescientas mil (3,3 millones) personas, o sea un millón (1 millón) más que en el año 1895, mientras que la urbana había pasado de un millón seiscientos sesenta mil (1,66 millones) a cuatro millones quinientos setenta mil (4,57 millones). Por lo tanto, la población rural constituía en el año 1914 alrededor de 41,9 % de la población total del País. O sea que la participación de la población rural en la total del País continuaba disminuyendo como resultado del proceso de urbanización.

Estimaciones realizadas por el Ingeniero Bunge para el año 1930 informaron un total de tres millones seiscientos mil (3,6 millones) habitantes en el medio rural, o sea 32% de la población total del País. En dicho año la población urbana superaba a la rural en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y Tucumán, mientras que en el resto de las Provincias la población rural continuaba siendo superior a la urbana.

A nivel global, la población rural del País continuó creciendo hasta alrededor del año 1960, decreciendo en los años posteriores como puede observarse a continuación:

Cuadro Nº1
Evolución de la Población Rural * (en miles de habitantes)
Censos de los años 1960, 1970, 1980 y 1991

CONCEPTOS 1960 1970 1980 1991
POBLACION RURAL (1) 5.252,2 4.910,5 4.754,6 4.179,4
* la que se encuentra en núcleos humanos de menos de 2.000 habitantes.
(1) incluye la población que vive en explotaciones agrícolas y la población dispersa en el medio rural.

Por otra parte, la evolución del personal ocupado en actividades agropecuarias, según los resultados de los Censos Nacional Agropecuarios (CNA) realizados en los años 1908, 1914, 1937, 1960, 1969 y 1988 fue la siguiente:

Cuadro Nº2
Evolución de la Mano de Obra Ocupada en el Sector Agropecuario
Según los CNA de los años 1908, 1914, 1937, 1960, 1969 y 1988

CATEGORIAS Año 1908 Año 1914 Año 1937
Permanentes en Actividad Pecuaria 634.818 s/i s/i
Transitorios en Esquila 261.720 s/i s/i
Transitorios en otros trabajos pecuarios 84.008 s/i s/i
Permanentes en Agricultura 578.055 s/i s/i
Transitorios en Cosecha 724.870 s/i s/i
Familia del Titular de Tenencia s/i 1.500.000 1.191.986
Empleados y "Peones" s/i 625.870 s/i
Personal Fijo s/i s/i 286.468
Personal Transitorio s/i s/i 520.619
TOTAL 2.283.471 2.125.870 1.999.073
Nota: s/i, los Censos no informaron estas categorías.

A continuación se presenta la información correspondiente a los Censos posteriores al año 1937.

Cuadro Nº2 (continuación)
Personas que Trabajan en Forma Permanente
en Explotaciones Agropecuarias (CNA de 1960, 1969 y 1988)

CATEGORIAS Año 1960 Año 1969 Año 1988
Productores 418.215 625.001 378.925
Familiares 536.246 655.513 309.118
No Familiares 319.802 281.193 344.172
Transitorios 212.582 240.451 s/i
TOTAL 1.486.845 1.802.158 1.032.215

Como se verá más adelante, la disminución de la cantidad total de Personas que trabajan en el Sector se encuentra relacionada con:
los cambios operados en los Métodos de Producción. Por ejemplo, en la cosecha de caña de azúcar, con el Método Manual cada operario cosecha en promedio 1,5 toneladas / día; con el Semi - mecánico de 4 a 5 toneladas / día y con el Método que incorpora la Cosechadora Integral entre 300-400 toneladas / día. Tanto los efectos ambientales negativos de los cambios de Métodos de Producción, como los ocasionados por las modificaciones que a continuación se mencionan, son tratados más adelante;
pero la disminución de la mano de obra también está relacionada con la desaparición de una muy significativa cantidad de pequeños predios: ochenta y seis mil (86 mil) explotaciones de menos de doscientas (200) hectáreas (ha) entre los años 1960 y 1988, que implicó la transferencia de unas dos millones quinientas mil (2,5 millones) ha a Explotaciones Agropecuarias (EAP) de más de cinco mil (5 mil) ha;
la sustantiva disminución de la cantidad de productores que operan bajo formas de tenencia "no propietarias" (arrendatarios, aparceros, medieros, etc.), sin que ella haya significado la transformación de sus titulares en propietarios;
Según el CNA del año 1960, alrededor de setenta y dos millones (72 millones) de ha estaban bajo formas de tenencia "no propietarias", mientras que el CNA del año 1988 relevó catorce millones (14 millones) de ha bajo dichas formas y veintinueve millones quinientas mil (29,5 millones) ha en EAP que tienen combinaciones de superficies en propiedad, con otras bajo formas "no propietarias".
Suponiendo que un tercio de las casi treinta millones (30 millones) de ha corresponde a formas de tenencia "no propietarias", las diferencias entre ambos CNA implicaría la salida del sector de no menos de 120.000 productores que operaban bajo dichas formas.
Cabe recordar que entre los años 1956 y 1960, una significativa cantidad de titulares de EAP bajo formas de tenencia "no propietarias" había abandonado el sector como consecuencia de la vigencia de leyes desfavorables para su permanencia en la actividad, entre otras causas concernientes a la aplicación de una inadecuada política agraria;
los procesos de concentración de la tierra;
las restricciones para acceder al uso de la tierra, al crédito y a insumos estratégicos para la producción;
el prácticamente "congelamiento" de la superficie sembrada y / o plantada en un orden de magnitud de alrededor de treinta a treinta y cuatro millones (30 - 34 millones) de ha. Cabe señalar que parte de los actuales volúmenes de producción total, en toneladas / año, fueron alcanzados y aún superados en numerosos períodos agrícolas a partir de 1972/73 (57,5 millones de toneladas obtenidas en 28,5 millones de ha), alcanzando su máximo nivel en 1982/83 (68,9 millones de toneladas en 27,7 millones de ha). Además, ya en los años 1964/65 y 1969/70 los volúmenes de producción total habían superado ligeramente el nivel de 50 millones de toneladas, obtenidas en 27,6 millones y 30,5 millones de ha respectivamente;
la sustantiva disminución de las existencias pecuarias que, globalmente, alcanzaron su magnitud máxima en el año 1977 cuando fueron relevados 61,1 millones de Vacunos, 35,2 millones de Lanares, 3,1 millones de Caballares y 3,6 millones de Porcinos, mientras que en los años 1993 y 1999 el INDEC estimó las existencias de Vacunos en 52,7 y 49,1 millones y de lanares en 18,4 y 13,7 millones respectivamente, y el CNA/1988 relevó 3,2 MILL de Porcinos y 1,8 MILL de Caballares;
Por otra parte, el CNA de 1960 informó las existencias siguientes: Vacunos 43,5 millones, Lanares 48,5 millones, Porcinos 3,9 millones y Caballares 4,8 millones, de cabezas respectivamente;
Históricamente, las existencias máximas por especie fueron alcanzadas en los años siguientes: Vacunos en 1977, 61,1 millones; Lanares en 1895, 74,4 millones; Porcinos en 1974, 4,1 millones y Caballares en 1930, 9,9 millones, de cabezas respectivamente;
las restricciones del mercado y la disminución de la demanda (solvente) interna de alimentos generados, principalmente, en las pequeñas unidades de producción;
El aumento de la Población desocupada y subocupada; la disminución de la oferta (por habitante / año) de alimentos para los sectores de menores ingresos; la regresiva distribución del ingreso; el incremento de la población con claros síntomas de desnutrición; el alto precio de los alimentos en relación a los ingresos de la población; son algunos de los indicadores relevantes de esta situación;
la inexistencia de una política ambiental en general, agraria e industrial en particular, entre otras numerosas restricciones que pueden y deben ser superadas.